La geopolítica de los desafíos ambientales

Los esfuerzos destinados a beneficiar a esta enorme población deben centrarse no sólo en capacitación y educación, sino también en nuevos modelos que les permitan a los países capitalizar su capital natural -los paisajes, las cuencas y los entornos marinos- sin agotarlo.

Por: Giulio Boccaletti / Project Syndicate 

Gran parte del mundo parece estar en ascuas. La relación de Occidente con Rusia, el futuro de la OTAN, la guerra civil y los refugiados sirios, el creciente populismo de derecha, el impacto de la automatización y la inminente salida del Reino Unido de la Unión Europea: todos estos temas -y más- han agitado el debate público en todo el mundo. Pero hay una cuestión -se podría decir que la más importante de todas- que se ignora o se deja de lado: el medio ambiente.

Eso sucedió en la reunión anual de este año del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Más allá de una mención del acuerdo climático de París por parte del presidente chino, Xi Jinping, temas como el cambio climático y el desarrollo sustentable ni siquiera llegaron a la escena principal. Por el contrario, quedaron relegados a reuniones laterales que pocas veces parecían vinculadas a los acontecimientos políticos y económicos del momento.  

Permitir que se dejen de lado las cuestiones ambientales en este momento de inestabilidad geopolítica y social es un error, y no sólo porque éste resulta ser un momento crítico en la lucha por gestionar el cambio climático. La degradación ambiental y la inseguridad de los recursos naturales están minando nuestra capacidad para ocuparnos de algunas de las principales cuestiones globales que enfrentamos. 

La inseguridad ambiental juega un papel importante, aunque muchas veces subestimado, en la inestabilidad global. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados informa que los desastres naturales han desplazado a más de 26 millones de personas por año desde 2008 -casi la tercera parte de la cantidad total de personas desplazadas por la fuerza en este período. 

Inclusive la actual crisis de refugiados tiene un componente ambiental. En los años previos a la guerra, Siria experimentó su sequía más extrema en la historia registrada. Esa sequía, junto con las prácticas agrícolas no sustentables y la mala gestión de los recursos, contribuyó al desplazamiento interno de 1,5 millones de sirios y catalizó el malestar político previo al levantamiento de 2011. 

La relación entre las presiones ambientales y agrícolas se extiende mucho más allá de Siria. La excesiva dependencia de geografías específicas para la agricultura significa que la producción de alimentos puede exacerbar los problemas ambientales, o inclusive crear nuevos. Esto puede enfrentar los intereses de los consumidores globales con los intereses de los ciudadanos locales, como sucedió en el río Mississippi, donde un vertido de fertilizante de uno de los graneros del mundo genera preocupación por la calidad del agua. 

La conexión va en ambos sentidos ya que las condiciones ambientales también moldean la producción agrícola -y, a su vez, los precios de las materias primas agrícolas, que representan aproximadamente el 10% de los bienes comercializados mundialmente-. Por ejemplo, las crecientes temperaturas y los patrones de precipitaciones alterados ya están haciendo subir el precio del café. Considerando que la superficie de tierra global apropiada para el cultivo de café puede contraerse hasta la mitad en 2050, las presiones sobre los precios no harán más que intensificarse. 

Un giro repentino hacia un proteccionismo comercial podría hacer subir aún más los precios de las materias primas agrícolas. Este incremento afectaría el ingreso de los hogares que se dedican al cultivo, favoreciendo a algunos agricultores y perjudicando a otros. Los consumidores finales, particularmente los pobres y vulnerables, también sufrirían. 

Otra razón por la que el medio ambiente debería estar en el centro de los debates económicos es su papel como mayor empleador único del mundo. Casi mil millones de personas, apenas menos del 20% de la fuerza laboral del mundo, tienen un empleo formal en el sector agrícola. Otros mil millones de personas aproximadamente se dedican a la agricultura de subsistencia y, por lo tanto, no están registradas en las estadísticas salariales formales. 

Cualquier iniciativa para respaldar el desarrollo económico debe apoyar esta transición de la población hacia actividades de mayor productividad. Esto es de particular relevancia en un momento en el que una tecnología cada vez más sofisticada e integrada amenaza con pasar por alto a toda una generación de trabajadores en algunos países. Los esfuerzos destinados a beneficiar a esta enorme población deben centrarse no sólo en capacitación y educación, sino también en nuevos modelos que les permitan a los países capitalizar su capital natural -los paisajes, las cuencas y los entornos marinos- sin agotarlo. 

De la misma manera que la inseguridad de los recursos naturales pueden ser causa de desplazamiento y vulnerabilidad, una gestión efectiva de los recursos naturales puede apoyar la resolución de conflictos y el desarrollo económico sustentable. En este frente, los esfuerzos destinados a lograr un saneamiento ambiental, impulsar la resiliencia de las comunidades rurales, promover la producción agrícola sustentable y apoyar la gestión ambiental basada en las comunidades han demostrado resultados alentadores. 

Consideremos el Northern Rangelands Trust, una organización centrada en crear conservaciones comunitarias para permitir un uso sustentable y equitativo de la tierra en Kenia. El NRT ha ayudado a comunidades pastoriles a establecer mecanismos efectivos de gobernancia para el medio ambiente del que dependen, reduciendo el conflicto por los derechos de pastoreo, especialmente en tiempos de sequía. 

Para muchas comunidades, la relación de los miembros con el paisaje en el que viven es una parte integral de su identidad. Con una gobernancia y una planificación efectivas, un diálogo abierto, marcos para compartir recursos y una inversión suficiente, que incluya entrenamiento en capacidades, estas comunidades pueden traducir esta relación en una gestión ambiental efectiva -y construir sociedades más saludables y más seguras.

Las crisis que envuelven al mundo moderno son complejas. Pero algo es claro: el medio ambiente está conectado con todas ellas. Las soluciones tendrán poco sentido sin un mundo saludable en el cual se las pueda implementar. 

Lago de Tota: ¿de azul a verde?

Importantes declaraciones ha hecho el Ingeniero José Ricardo Rodríguez, director de Corpoboyacá, sobre el estado actual y las acciones necesarias para corregir el deterioro del lago de Tota (Boyacá).

Por: Editorial El Espectador

A diferencia de anteriores ocasiones, en las cuales alertábamos sobre la necesidad de actuar frente a un posible colapso del lago azul de montaña, hoy el daño está constatado. Estudios de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) demuestran que los niveles de fósforo y nitrógeno sobrepasan ya los límites de manejo seguro como lago de aguas claras.

El fósforo proviene principalmente de la piscicultura, en especial en jaulas flotantes, tanto en el alimento como en las heces de los animales. Aquí corresponde a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) actuar de inmediato, no solo para hacer de obligatorio cumplimiento la tecnología que mitigaría este riesgo, sino para poner de una vez por todas limite a esta actividad.

Es conocido que la piscicultura de trucha, y en otras latitudes de salmón, no se debe hacer en jaulas flotantes dentro del cuerpo de los lagos. Aquí ya se ha generado un pasivo con la calidad del agua. Que tampoco conviene a los productores, pues tendrían que trasladar sus instalaciones hacia otras aguas. Tota podría posiblemente producir trucha, pero ciertamente no en la forma como se viene haciendo.

El segundo contaminante conocido es el nitrógeno, que proviene de las aguas servidas de los conglomerados urbanos, en especial Aquitania. Afortunadamente la Fundación Humedales ha instalado en un casco urbano menor un filtro verde, esto es, un humedal artificial que retiene los elementos indeseados en las aguas. Pero esto no es suficiente. No se explica que siendo vecinos de un lago tan importante y tan delicado, todavía no haya plantas de tratamiento. Es una omisión inaceptable. Deben el municipio y la autoridad ambiental actuar de inmediato.

También el uso de la gallinaza cruda como abono de la agricultura debe ser inmediatamente proscrito de la cuenca del lago. Falta acción efectiva, con indicadores en el agua, de parte del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

Pocas veces habíamos tenido un diagnóstico tan claro sobre aquellos aspectos que en el corto plazo deben ser corregidos. Es posible que el lago esté ya transitando por la eutrofización, es decir, la sobrealimentación por los elementos mencionados, hacia un estado diferente, que en este caso sería un lago en donde predomina la vegetación flotante. Un lago verde ciertamente no es lo que busca el turista, el visitante. Hay que hacer todo lo posible para que Tota no siga esta senda de deterioro.

Son buenas noticias, entonces, lo anunciado la semana pasada por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Murillo, quien, a través de su cuenta de Twitter dijo que se entregaron las estaciones de una red de monitoreo hidrometeorológico en el lago. Alivia conocer el compromiso del Gobierno con la protección ambiental, pero debe haber más medidas.

Declarar el lago sitio Ramsar, es decir, inscribirlo en la convención internacional que protege los humedales, por ejemplo, trazaría un objetivo claro hacia la sostenibilidad. Pero también es necesaria una agenda de control de impactos en los temas señalados. Que se cumpla el sueño de una Colombia sostenible.

¿Cuál es la deuda socio ambiental del Estado colombiano y de grandes empresas como Mineros S.A. con el Bajo Cauca?

El tema debe mirar con un espectro amplio que incluya los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que puedan haber sido vulnerados a las comunidades de la región.

Por: Agencia de Noticias IPC

Desde el 2011 se hace visible un movimiento nacional que empieza a cuestionar las consecuencias de la política minera y pone el debate sobre política minera y derecho al territorio, a la par que se abre la discusión en torno a la responsabilidad de las empresas en graves violaciones a los derechos humanos, no solo en el escenario global en lo concerniente a empresa y derechos humanos, sino en el campo que se abre en la Jurisdicción Especial para la Paz.

El Bajo Cauca es la subregión que produce el 57% del oro de Antioquia, pero tiene el índice más alto de necesidades básicas insatisfechas, el más bajo nivel de calidad de vida multidimensional, y una altísima vulneración de los derechos humanos expresa en parte en las 133 mil víctimas registradas desde 1985. ¿Cuál ha sido la presencia del estado? ¿Qué papel han cumplido las empresas, y que impacto tiene en el territorio la relación entre unos y otros? Analizar el caso de Mineros S.A. puede ayudar a comprender las dimensiones del asunto.

Esta empresa lleva 40 años explotando oro en el Bajo Cauca. La compañía, que ha sido históricamente la mayor empresa minera de la subregión, ha recibido al menos 18 premios, desde reconocimientos a su innovación tecnológica hasta exaltaciones por responsabilidad social empresarial, protección del medio ambiente e incluso a mejor agricultura. Sin embargo, existen críticas recientes sobre la deuda social, ambiental y hasta económica que tiene hoy la minera con la subregión antioqueña.

En 2016, Mineros reportó en Colombia una utilidad bruta de $165.964 millones[i]. La compañía, antes llamada Mineros de Antioquia, comenzó en 1974 cuando un grupo de inversionistas nacionales compró la mina de oro más grande del país, la Pato Consolidated Gold Dredging de la International Mining Co, que funcionó en el municipio de El Bagre desde 1906 con títulos a perpetuidad entregados por el Estado colombiano.

Y una de las primeras críticas que hace Soledad Betancur, investigadora del Instituto Popular de Capacitación (IPC), es precisamente la acumulación de tierras y títulos de explotación minera que ha hecho Mineros S.A. en el Bajo Cauca, donde tiene 36.904 hectáreas con títulos a perpetuidad heredados de la corona española desde la época de la Pato. En esos Reconocimientos de Propiedad Privada (RPP), la minera es dueña del suelo y del subsuelo.

En este título, dice Betancur, la empresa desarrolla “explotación minera sobre el río Nechí y sobre humedales, dejando una deuda ambiental y social grandísima para los territorios, pues las comunidades que eran poseedoras de tierras ya no poseen su tierra, los humedales han sido deteriorados y acabados, y el río se sedimenta, se draga; es un río que está apropiado por las compañías, en el que las quebradas han perdido su capacidad de producir peces y de conectar a las comunidades —porque han perdido navegabilidad—”.

Pero hay otros títulos, agrega, otorgados después del Código de Minas, Ley 685 de 2001, que “equivalen a cerca de 90 mil hectáreas adicionales entregadas por el Estado en concesiones. Esas hectáreas se entregaron en periodos de altas violaciones de derechos humanos en el territorio y con fuertes procesos de desplazamiento. Y es paradójico que El Bagre, zona de asentamiento de Mineros S.A., tenga el mayor número de víctimas de la subregión, casi el 80% de su población es víctima”.

Regalías: ¿una deuda histórica?

Los planteamientos en torno a Mineros S.A. fueron presentados en el foro minero: “Derechos humanos, empresa y territorio: deuda socioambiental, verdad y reparación en el Bajo Cauca”, realizado el 27 de abril en Caucasia por el Instituto Popular de Capacitación y la Fundación Jardín Hidrobotánico de Caucasia.

Campamento de trabajo sobre la quebrada Sabalito, municipio de El Bagre.

Allí, Álvaro Pardo Becerra, economista con especialización en derecho minero energético, director del Centro de Estudios Minero Energéticos Colombia Punto Medio, argumentó que durante años empresas como Mineros S.A. han pagado un menor monto de regalías al país por ser dueñas del suelo y del subsuelo, siendo beneficiadas por un inciso del artículo 227 del código minero.

“Esta compañía fue favorecida en el Código de Minas con una reducción ostensible del pago de regalías —expuso Pardo—. En Colombia el pago de las regalías para todos los mineros es del 4%, sin embargo a Mineros S.A. se le cobra al 0.4% porque tiene un título con Reconocimiento de Propiedad Privada. Ese menor cobro a esta empresa ha llevado a que el Estado deje de recaudar regalías por 85 mil millones de pesos solamente cuantificando de 2005 a 2015”.

Aunque el economista ha insistido en conocer el dato sobre el pago de regalías de Mineros S.A. entre los años 2001 y 2004, asegura que le ha sido imposible hasta ahora, pese a solicitar la información vía derechos de petición a la Agencia Nacional Minera y a la propia empresa.

Esto quiere decir que la figura de los RPP propicia la reducción de impuestos. Para Pardo, se trata de un “inciso corrupto” que fue incluido por el lobby de mineras canadienses y nacionales que estuvieron detrás de la expedición del Código de Minas vigente[ii].

De ahí que la Procuraduría General de la Nación, en concepto 2844 del 8 de abril de 2002 solicitara a la Corte Constitucional la inexequibilidad del inciso final del artículo 227 por vicios de forma en su trámite. Ello dentro del proceso de acción pública de inconstitucionalidad de los artículos 227 y 228 que fue resuelto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-669 de 2002.

Pero respondiendo a todo esto, el director de Responsabilidad Social Empresarial de Mineros S.A., Jaime Jaramillo Arbeláez, intervino en el foro minero para expresar que allí “se dijeron cosas mentirosas, verdades a medias y afirmaciones maliciosas que confunden”.

Según el funcionario minero, en cuanto a regalías, “la legislación colombiana en términos mineros, perfecta o imperfecta, completa o incompleta, establece la existencia de los Reconocimientos de Propiedad Privada. Eso no es un invento que se hayan hecho las compañías mineras ni mucho menos el libertador de los españoles. Existen. Y hablando de los cambios en la legislación se ha conservado siempre esa noción. Y esa noción establece que por ese concepto se debe pagar una tasa —del 0.4%—. No somos nosotros los que hemos puesto la tasa, aunque maliciosamente se diga que en un país corrompido como el nuestro pudo haber algún tipo de manipulación de senadores para recomponer la norma”.

Jaramillo añade que en 2016, Mineros S.A. le pagó 11 mil 500 millones de pesos al municipio de El Bagre por concepto de impuestos al oro. Dinero que es de libre destinación.

¿Quiénes están entre los dueños de Mineros?

Soledad Betancur también hizo cuestionamientos acerca de qué tan nacional es hoy la empresa minera, al recordar que “detrás de Mineros S.A. está el grupo Colpatria que en el 2012 vendió el 51% de sus acciones al banco canadiense Scotibank. Otro 12% está representado en empresas del señor Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia, uno de los más ricos del mundo, y un hombre acusado de apropiación de baldíos en la altillanura colombiana”.

Respondiendo a esto, Jaime Jaramillo enfatizó en que la empresa es 100% colombiana: “Que Mineros S.A. es una multinacional, finalmente da risa —manifestó Jaramillo—. Colpatria es un gran conglomerado compuesto por múltiples empresas. Una de las empresas de Colpatria es el banco, otra es una compañía de recursos, otra una inmobiliaria… Es un gran conglomerado. Lo que Colpatria negoció con Scotiabank fue el banco, no el resto de las compañías, no Colpatria, que es la compañía de seguros, ni la inmobiliaria. El negocio fue el banco, pero el banco no es el accionista de Mineros, es que el accionista de Mineros es Colpatria, no el banco. Entonces es mentiras. Si miran los estatutos Mineros está conformada por colombianos y es una empresa colombiana”.

¿Deuda social?

“Mineros S.A. ha estado visitándonos desde el 2000, pero no habíamos tenido el impacto que nos ha generado a la naturaleza. Más que todo nosotros nos beneficiamos de la ciénaga, o sea de los peces y los animales. Y vivimos en una vereda en la que no tenemos fuentes de trabajo. A nosotros nos sustentaban era las ciénagas y los humedales y ya no vemos eso. Ha habido mortandades de peces. Ahora, nosotros hemos recibido unos beneficios de ellos, como pisos para las casas, pero creo que nos merecemos más que eso”.

Ellos, dice otro habitante de la zona que también pidió reserva de identidad, “dan el material y uno pone el trabajo. Ahorita nos dieron unos baños, unos tanques, pero no nos hicieron ni estanques sino que nos dieron unos tambores. Y nos regalaron unos pisos y tuvimos que hacerlos nosotros mismos porque mandaron solo el ingeniero y más nada. Entonces yo digo que con eso, por una parte, también nos están haciendo un mal, porque el Estado nos iba ayudar y dijeron que no, que Mineros está reconociendo esas veredas, entonces ellos —el Estado local— se aguantan, viendo que nosotros no estamos recibiendo nada de Mineros, todo es trabajado, lo que nos regalan es poquito, y engañándonos con piscinas, con cosas, y echándonos mentiras, yo creo que eso no es un beneficio nuestro”.

En Antioquia, anota Soledad Betancur, el Bajo Cauca es un territorio con altos índices de necesidades básicas insatisfechas (el segundo después de Urabá), y con bajos niveles en el Índice de Calidad de Vida Multidimensional. “Lo que quiere decir que al territorio la presencia de la empresa no le ha generado ganancia”.

Sobre el déficit social de la región, Jaime Jaramillo plantea que en ese aspecto la responsabilidad es del Estado. “Y no podemos dejar que las empresas privadas lo reemplacen. No podemos asumir nosotros esas responsabilidades. Tenemos es que propiciar que el Estado haga presencia en el territorio a través de sus instituciones para atender las necesidades básicas insatisfechas”.

¿Y lo ambiental?

Respecto al tema ambiental, Wilfrido Cogollo, miembro del Colectivo de Comunicaciones por el Derecho a la Tierra de El Bagre, dice que los análisis de su organización dan cuenta del deterioro ambiental generado por las grandes empresas mineras en la zona.

Dicho impacto se refleja en la sedimentación de ríos y quebradas que termina incomunicando a las poblaciones, “incluso a corregimientos con más de 14 mil habitantes, como es el caso de Puerto Claver que quedó incomunicado —por vía fluvial— debido la sedimentación del río Nechí”, sobre el cual ha trabajado históricamente Mineros S.A.

También, continua Wilfido, “se ha ocasionado un gran daño por el vertimiento de metales pesados en todo el ejercicio de la minera: grande, mediana y a pequeña escala, pero sobre todo por el vertimiento que ha hecho la gran minería durante décadas. Y, hoy por hoy, no vemos un programa establecido por ellos para reparar o descontaminar las fuentes hídricas, tierras y humedales que han sido afectados”.

Al respecto, Fabio Builes, presidente de la Asociación de Mineros del Bajo Cauca, manifiesta que el Gobierno ha perseguido y acusado a los mineros informales y tradicionales de contaminar el medio ambiente, pero no ha hecho lo mismo con las grandes empresas como Mineros S.A.

“Yo nací y crecí en la zona de El Bagre, Zaragoza y Cuturú. Vi los daños ambientales de esta empresa. Ese pasivo ambiental que hay desde Dos Bocas, casi hasta Nechí es impresionante. Las toneladas de mercurio que ha tirado esta empresa. Y hoy día se ufanan de decir que hacen minería bien hecha, que los criminales somos nosotros y que la contaminación del río Nechí somos nosotros. Pueden hacer cualquier experimento en los cargueros de Mineros S.A. para que vean la cantidad de mercurio que hay. ¿Cómo van a hacer para reparar ese daño? No sé, pero ya está hecho”, expone el minero, quien anota que en Youtube hay un video que muestra el “Daño ambiental en el río Nechí”

Wilfrido Cogollo, reveló además que en las zonas impactadas por las grandes mineras ha habido deforestación de bosques nativos, con el agravante, de que “el Ministerio del Medio Ambiente y la Corporación Autónoma Ambiental (Corantioquia) han tenido una intervención casi nula, en pronunciamientos y en políticas claras y precisas para contrarrestar todas esas situaciones”.

Y anota que en este contexto, “se han vulnerado los derechos de comunidades étnicas que habitan en estos territorios como las negritudes y las comunidades indígenas. En muchas ocasiones se les han deteriorado sus suelos y no se ha hecho la consulta previa debida”.

Sobre la afectación al medio ambiente, Jaime Jaramillo concluyó que “la preocupación fundamental no tiene que ser si la minería genera o no impacto. ¡Sí, los genera! Y cualquier tipo de minería los genera: la informal, la ilegal, la formal. Porque cualquier actividad humana genera impactos sobre los medios naturales. El problema no está en fijarse si genera impactos o no. El problema es si se está en capacidad de mitigar, compensar, prevenir y atender esos impactos, de tal manera que podamos tener un ecosistema funcionando debidamente”.

Lo que debemos preguntarnos, concluye Pardo, es “hasta cuando los colombianos vamos a seguir aceptando que las instituciones del nivel nacional nos impongan un modelo minero que es absolutamente perverso para la nación”. Esto, advierte, sopesando el daño que generan los procesos de minería a gran escala y a cielo abierto.

Planteamientos y debates como estos, muestran que la discusión en torno a la relación empresa y derechos humanos apenas comienza a abrirse espacio en el Bajo Cauca, en este caso con una compañía que ha sido parte de la historia del territorio. El tema debe mirar con un espectro amplio que incluya los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que puedan haber sido vulnerados a las comunidades de la región.

G7: El Medio Ambiente puede esperar

La brecha con la postura norteamericana quedó de manifiesto en el comunicado final, donde le dan más tiempo a Trump para decidir si se retira o no del Acuerdo de París.

Por: Redacción Página 12

Los países que integran el G7, reunidos en Sicilia, Italia, coincidieron una vez más en darle prioridad a la lucha antiterrorista atento a que el encuentro estuvo marcado por los sangrientos hechos de Manchester y Egipto. Sin embargo, las diferencias se expresaron en el tratamiento del cambio climático porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió postergar su adhesión o no a este conflictivo punto.

La cumbre se realizó en la ciudad siciliana de Taormina donde quedó evidenciada la existencia de dos bloques en el tema climático. Estados Unidos de un lado y el resto de los países del otro.

El comunicado final señala que los gobiernos de Italia, Canadá, Japón, Reino Unido, Francia y Alemania apoyan sin medias tintas el Acuerdo de París, firmado en 2015, que establece medidas para reducir la emisión de gases. Este fue el punto que los diferenció de los Estados Unidos. El bloque mayoritario decidió otorgarle más tiempo a Trump para decidir la postura de Washington. El magnate ya anunció, vía Twitter, que la próxima semana dará a conocer si acompaña o no a las demás naciones.

Vale recordar que durante su campaña electoral, Trump se había mostrado crítico del Acuerdo de París e incluso había anunciado que revisaría la conveniencia de seguir siendo parte o no de un acuerdo que entrará en vigor en 2020, cuando termine la vigencia del Protocolo de Kyoto, que Estados Unidos firmó pero nunca ratificó.

"Hay que trabajar más en este asunto y afrontar las causas profundas del problema migratorio, una de las cuales es precisamente el cambio climático", había advertido en su discurso final el anfitrión de la cumbre, el premier italiano Paolo Gentiloni. Si bien los líderes del G7 apuntan al desarrollo de África para reducir el tema migratorio, y para ello habían invitado a la Unión Africana al encuentro para debatir el tema, la cumbre finalizó con un documento donde apenas se menciona el caso.

¿Por qué Sumapaz dice No al turismo?

“Como lo plantean los mismos campesinos, su postura no es aislarse del mundo, al contrario, generar relaciones bajo otras dinámicas más allá del fin de lucro del turismo”

Por: Carlos Alberto Morales Acosta / Censat

El pasado domingo 11 de junio, por segunda vez, un grupo de campesinos de la Localidad 20 de Sumapaz, realizaron un plantón en los límites con la localidad de Usme. El motivo, evitar la entrada desbordada de turistas al páramo.

Sumapaz, es la localidad rural de Bogotá, con 780 km² es la más grande y con menos densidad poblacional. La cual, se podría decir está conformada por dos zonas de frontera no tan clara, una campesina y de producción agropecuaria, y la otra, que hace parte del Parque Nacional Natural – PNN Sumapaz.

La inconformidad de los campesinos tiene relación con las consecuencias negativas que ha traído y pueda traer a futuro la práctica descontrolada del turismo. Hoy día no es raro ver los domingos gran cantidad de carros, buses, caminantes, ciclistas agolpados en la laguna de Chizaca (o los Tunjos).Tampoco es extraño encontrar al día siguiente gran cantidad de desperdicios, deposiciones y paquetes, frailejones desojados o tumbados, y la aparición de nuevos senderos, producto de las constantes caminatas, que van compactando el piso, perdiendo así la cualidad principal del páramo, que consiste en ser una esponja que retiene y regula el ciclo del agua.

Este nuevo elemento de discusión que propone el campesinado sumapaceño en torno al cuidado del PNN Sumapaz, hace un llamado principalmente a las instituciones ambientales. Debate, que resulta teniendo relación profunda con un escenario más complejo de  discusiones que hoy se viven en el orden nacional, como lo son: la delimitación de páramos, la vocación de los Parques Nacionales Naturales – PNN, y la presencia de campesinos en estos y la reparación  de campesinos despojados de sus tierras.

EL CAMPESINO, VERDADERO GUARDIÀN DEL PÀRAMO

Primero que todo, es necesario aclarar porque el campesino sumapaceño tiene derecho y autoridad moral para exigir sobre la protección del páramo. Desde inicios del siglo XX el campesinado sumapaceño ha venido poblando este territorio sin ninguna ambición de riqueza, huyendo de las distintas olas de violencia que ha vivido este país, bajo la promesa de lograr un pedazo de tierra donde vivir en paz y con dignidad.

Y es  que fue el mismo Estado Colombiano, quien en su momento declaro estas tierras como baldíos (ósea, disponibles para ser ocupados por los sin tierra), para que los campesinos las poblaran y las hicieran productivas. Sin embargo, no les fue nada fácil, tuvieron que por vías legales y directas hacer respetar su derecho a la tierra, ante la violencia desatada por los grandes terratenientes que se querían apoderar de este territorio y convertir los campesinos en sus peones o arrendatarios. Luego de resistir distintos momentos de violencia, los campesinos lograron consagrar su derecho a la tierra y así la redistribución de esta. Lo que automáticamente generó un freno a la expansión de la frontera agrícola, punto a favor para la conservación del páramo.

Luego, y solo hasta el año de 1977 Sumapaz sería declarado como  PNN, y ahí empezaría otra lucha por el derecho a la tierra y el territorio. El mismo Estado que los incentivo a poblar estas tierras, ahora, pretende que los campesinos las desalojen, reflejo de la histórica improvisación y poca capacidad de planeación de nuestras élites y las instituciones.

Un segundo elemento para reconocer el papel fundamental de los campesinos en el cuidado del páramo, es que ante la ausencia del Estado, ellos mismos han generado sus propias normas para la preservación efectiva del páramo, prohibiendo la tala, caza y pesca. A lo que se suma,  que en los últimos tiempos vienen proponiendo y tramitando la constitución de una Zona de Reserva Campesina, como figura que les permita fortalecer la conservación de la zona de amortiguamiento del parque.

De ahí, y gracias a todos estos aportes directos e indirectos del campesino es que el Sumapaz, es el Parque Nacional Natural intervenido menos deteriorado, o sea los campesinos que lo habitan no representan una amenaza para su conservación.

EL CAMPESINO DICE NO AL TURISMO

La prevención que tiene el campesinado sumapaceño hacia el turismo no es infundada, después de ver cómo se ha desarrollado de forma descontrolada el turismo en la zona y las afectaciones que ha traído, piensan en las posibles afectaciones que traerá a futuro, si esta práctica no se regula, ya que ven realidades espejo, que les muestran lo que podría pasar. Como lo es el significativo deterioro ambiental que ha sufrido el PNN El Cocuy, producto del ecoturismo, o los conflictos sociales desatados en el PNN Sierra Nevada de Santa Marta, producto de la entrada de grandes empresas hoteleras.

De igual manera, los preocupa las consecuencias sociales negativas que trae este fenómeno, como el aumento de la criminalidad (como ha sucedido con su localidad vecina, en el Usme rural) o de consumo de drogas. Temas que preocupan, siendo Sumapaz la localidad de Bogotá con el índice de criminalidad más bajo.

Esto, mientras los que se lucran con el negocio del turismo al Sumapaz, son otros, empresas fraudulentas que ofrecen recorridos por redes sociales, sin ningún tipo de permiso legal. Y es que son los campesinos, los que están exigiendo que se cumpla la norma, ya que en el Plan de Manejo del Parque Nacional no se tiene permitida esta práctica al interior del parque, y al momento no se ha adelantado ningún tipo de estudio sobre la capacidad de carga del parque (ósea, el número de turistas que lo podrían transitar por día), regla básica, para el desarrollo de esta práctica en cualquier PNN.

También, les preocupa perder su tradición y cultura campesina, su profunda relación con la tierra, como lo manifiesta Misael Baquero, líder campesino de la localidad:

“…nos muestran modelos como el turismo para que se acoja, entonces, nosotros, como campesinos vemos que eso no es lo que un campesinado como el de Sumapaz quiere, toda vez que el turismo, lo que crea es desarraigo, trae muchos males, muchas problemáticas, pero sobre todo el campesinado dejaría de producir alimentos, para meterse en la prestación de servicios, y ese ya sería un negocio flaco, donde hoy la gran necesidad del mundo es la producción de alimentos, que las poblaciones tengan acceso a los alimentos y nosotros teniendo acceso hoy a la tierra, no podemos dejar de producir los alimentos porque eso sería irnos cada vez inclinando a dejar el alimento, y que sea otro el que nos lo maneje. Cuando otros son los que los controlan, pues nos dicen que tenemos que comernos, a qué precio y cuando podemos comer o cuando no, entonces, eso no puede ser posible para un campesinado, que no solamente a cuidado su tierra sino que ha cuidado su cultura, sus alimentos, el medio ambiente, este páramo esta conservado por los campesinos y no podríamos permitir que otros que no han cuidado el páramo, vengan a devengar de su belleza, cuando somos nosotros los que lo hemos cuidado y lo mantenemos en esas condiciones que hoy esta…”

Por todos estos motivos, el pasado 28 de mayo la Asociación de Juntas de Acción Comunal Sumapaz, que reúne a todas las Juntas de Acción Comunal de la Localidad, en asamblea se declararon en contra de dicha práctica y piden que se respete la vocación agrícola del territorio.

De igual manera, es preocupante el interés de grandes sectores económicos, de la industria hotelera y de entidades como el Ministerio del Comercio, quienes pretenden construir infraestructura hotelera al interior de los  diferentes PNN.

EL CONFLICTO ENTRE AUTORIDADES AMBIENTALES Y CAMPESINOS

En días pasados, se hicieron dos propuestas de Decreto para solucionar los conflictos territoriales y socio ambientales en áreas del Sistema Parques Nacionales Naturales, uno propuesto por entidad[1]-PNN y la otra por organizaciones campesinas, decreto planteado en el marco de los acuerdos de paz, en el punto de Reforma Rural Integral. Las diferencias e insatisfacciones planteadas por los campesinos ante la propuesta de la entidad-PNN, es que básicamente plantea unos PNN sin campesinos, planeando el “desmonte de las actividades campesinas” lo más pronto posible, y sin dar garantía ninguna[2].

Desconociendo  los derechos de los campesinos y al mismo tiempo elementos centrales de lo acordado en la Habana. Y es claro, que la postura de entidades como PNN o las corporaciones regionales, como la CAR, es impulsar el ecoturismo, como paradigma de la conservación, planteando que los campesinos abandonen sus prácticas tradicionales y  se dediquen a ser guías turísticos o guardabosques.

De igual manera, no es desconocida la posición de la Ministra de Ambiente, quien ve en el modelo costarricense de turismo en PNN, donde las grandes empresas privadas no solo son dueñas del negocio del ecoturismo, sino además, administran los PNN, un negocio redondo, aduciendo que el gobierno no tiene recursos para este tema. De hecho el Ministerio de Ambiente tiene listo un proyecto para promover el ecoturismo en 10 PNN[3].

Por otro lado, paralela a la Mesa de Concertación creada entre entidad-PNN y organizaciones campesinas, la cual, se ha suspendido en varias ocasiones, dada la imposibilidad de generar puntos de encuentros, para Sumapaz se creó una Mesa de Concertación Regional, la cual, se ha propuesto como primer tema, de una agenda de 13 puntos, el tema de turismo.

Donde, el pasado 10 de junio en la Vereda Santa Rosa se acordó entre otras, que por el momento se haría la identificación de las empresas que de forma ilegal se encuentran vendiendo paquetes turísticos y se les haría una citación para finalizar este tema. Y también llevo a la Corporación Autónoma Regional – CAR a un pronunciamiento, aclarando que ningún operador tiene autorización para llevar a cabo actividades ecoturísticas en el PNN Sumapaz.

Sin embargo, para el campesinado, quedó un sin sabor, y es que de forma paralela a esta reunión en la vereda de Nazareth se realizó una reunión de funcionarios de alto calibre y con poder de decisión, como la Alcaldesa Local de Sumapaz, el Comandante del Batallón de Alta Montaña, entidad-PNN, el Director de la CAR, al igual, que voceros  de la Personería Distrital y el Instituto de Turismo con el Ministro para el Posconflicto Rafael Pardo.

Para debatir sobre el tema de desminado humanitario, pero también para acordar avances en temas muy relacionados a la agenda de la otra mesa, como lo son: “delimitar el Páramo del Sumapaz,  emprender acciones de conservación del ecosistema; estimular su recuperación y manejo sostenible; gestión social y comunitaria para la adecuada sensibilización, conocimiento y conservación al igual que el monitoreo y seguimiento a la gestión para su conservación.”[4] Temas muy sensibles y sobre los cuales se debe trabajar de la mano con la comunidad.

Por lo cual, surgen las siguientes dudas del desarrollo de estas dos reuniones paralelas ¿Por qué no hablar con la comunidad campesina? ¿Por qué no permitirse que los funcionarios con poder de decisión escuchen las inquietudes y posturas de campesinado? ¿Por qué dos mesas paralelas para hablar de los mismos temas?

ALTERNATIVAS AL TURISMO, HACIA LA CONSERVACIÓN DEL PÀRAMO

En el sentido de construir o avanzar en el desarrollo de alternativas al turismo desbordado, existen propuestas desde el campesinado mismo, como lo es, el ejercicio de constitución de la Zona de Reserva Campesina de Sumapaz, que luego de un duro caminar, está a solo una firma de la aprobación de su Plan de Desarrollo Sostenible por parte de la Agencia Nacional de Tierras. Propuesta que busca fortalecer la preservación de la zona de amortiguamiento del PNN Sumapaz, por medio de implementación de estrategias como la reforestación, cuidado de cuencas y el tránsito hacia a la agroecología, pero al mismo tiempo, garantizar una vida digna del campesino, donde pueda conservar sus cultura, tradiciones y costumbres.

De igual manera, como lo plantean los mismos campesinos, su postura no es aislarse del mundo, al contrario, generar relaciones bajo otras dinámicas más allá del fin de lucro del turismo extractivista y desbordado, con propuestas que dialoguen y aporten a la comunidad y al cuidado del páramo como podría ser con actores como las universidades, investigadores, organizaciones sociales y ambientales.

PARA TERNER EN CUENTA

Las autoridades del Estado, ausentes por mucho tiempo, deberían reconocer las estrategias que el mismo campesinado y sus organizaciones han realizado para conservar el páramo y escuchar estas propuestas, y reconocer que el ser campesino no es contrario a la conservación de ecosistemas estratégicos, y así puedan entender que el ecoturismo no es la única solución, o que por lo menos, esta no aplica a todos los casos.

Segundo, se deben llegar a acuerdos para avanzar en la desmilitarización del Sumapaz, es positivo que las fuerzas militares, se reconozcan hoy como guardianes ambientales del páramo y estén haciendo ejercicios para el cuidado del páramo. Pero, también en una lógica de posconflicto y de reconocer a la naturaleza del conflicto armado, es necesario disminuir su presencia a lo mínimo requerido en el territorio, ya que la gran cantidad de tropas tiene impactos negativos ambientales en el ecosistema de páramo. Un ejemplo pasado es, la producción de residuos y deforestación de frailejones que género la base de Mortiños, entre otros.

[1] Hago la aclaración, cuando me refiero a la entidad de Parques Nacionales Naturales y no a la figura, sobre la cual, me refiero en siglas como PNN solamente.

[2] http://prensarural.org/spip/spip.php?article21633

[3] http://m.elcolombiano.com/las-dudas-sobre-el-ecoturismo-en-colombia-CD6063444

[4] http://www.noticiasdiaadia.com/cundinamarca/cundinamarca-cun/81-cundinamarca/14547-desminado-humanitario-habilitara-turismo-ecologico-en-el-paramo-del-sumapaz